Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Ley mexicana publicada en 2012 y vigente desde julio de 2013. Establece el régimen de actividades vulnerables, obligando a ciertos sectores económicos a identificar clientes y reportar operaciones.

Qué es la LFPIORPI

Conocida como Ley Antilavado, es el ordenamiento jurídico mexicano que regula las obligaciones de prevención de lavado de dinero para los sectores económicos no financieros. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012 y en vigor desde julio de 2013, esta ley complementa el marco que rige al sector financiero —supervisado por la CNBV— y aplica a los denominados sujetos obligados de actividades vulnerables.

Los sujetos obligados bajo la LFPIORPI deben cumplir con cuatro bloques de obligaciones:

1. Identificación del cliente (KYC). Conocer y documentar la identidad de sus clientes, incluyendo la identificación del beneficiario controlador en el caso de personas morales. La información debe conservarse al menos diez años.

2. Avisos a la UIF. Presentar avisos a la UIF a través del Sistema de Portal PLD (SPPLD) cuando se realicen actos u operaciones que superen los umbrales establecidos, así como cuando se detecten operaciones inusuales.

3. Programa interno de PLD. Implementar políticas, criterios, medidas y procedimientos internos para prevenir y detectar operaciones relacionadas con el lavado de dinero. Este programa debe contemplar una evaluación basada en riesgo, la designación de un oficial de cumplimiento y capacitación periódica al personal.

4. Restricción de pagos en efectivo. La ley prohíbe recibir pagos en efectivo que superen ciertos umbrales según el tipo de actividad. Por ejemplo, la compraventa de inmuebles no puede liquidarse en efectivo por montos superiores a los equivalentes a 8,025 veces el salario mínimo diario. Autoridad supervisora y sanciones

El SAT es la autoridad supervisora de la LFPIORPI. Puede realizar visitas de verificación y, ante incumplimientos, imponer sanciones que van desde amonestaciones hasta multas que pueden alcanzar varios millones de pesos, además de responsabilidades penales para los directivos responsables.

Una empresa de servicios inmobiliarios que intermedia en la compraventa de propiedades está sujeta a la LFPIORPI. Debe obtener identificación oficial y CURP de sus clientes, preguntar por el origen de los fondos cuando la operación supere los umbrales, reportar al SPPLD las operaciones en efectivo significativas y mantener un expediente durante al menos diez años.

Si el SAT visita a la empresa y encuentra que no tiene programa de PLD ni expedientes de clientes, la multa puede ser cuantiosa. Para saber cómo construir un programa PLD desde cero que cumpla con la LFPIORPI, consulta nuestra guía completa.